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lunes, 11 de octubre de 2010

Fernando Savater o el aristócrata platónico


“Los sabios hablan porque tienen algo que decir,

los tontos porque tienen que decir algo” – Platón -.

Recientemente un compañero de UPyD, Eduardo Gómez, publicaba en la web del partido un sabroso y espléndido artículo Las piedras reptantes del valle de la muerte en el que, desde mi óptica, resaltaba dos cosas: una muy interesante reflexión sobre el deterioro del lenguaje y la decadencia de las palabras, y otra muy preocupante sobre la evolución en el tiempo de las relaciones humanas, sociales e interpersonales y el quebranto que, con el transcurso de la historia, han ido sufriendo los valores humanos creando una grave altercación de la escala axiológica.

Andaba pues yo meditando sobre “aquestas porfías” cuando me vino a la memoria que en el bachillerato humanista de los años cincuenta – el que yo estudié – en la asignatura de Filosofía (porque entonces se llamaban asignaturas y no materias ni temas) y concretamente investigando a Platón se nos explicaba que para este grandísimo filósofo la aristocracia consistía en el gobierno del pueblo por “los mejores”, (aristos significa “el mejor” en griego clásico). Sin embargo en la actualidad el significado de este término se ha deteriorado para acabar identificando como aristocracia a la nobleza y a las clases altas que, por tradición o linaje, son reconocidas como tales en la sociedad actual. He aquí otra manifestación de la decadencia de las palabras y de la subversión del escalafón de los valores.

Evidentemente casi dos mil quinientos años después, la palabra aristocracia puede no significar lo mismo, empero para Platón el estado ideal era aquel en que "los filósofos deben convertirse en reyes (gobernantes)… o esos a los que hoy se llama reyes (gobernantes)… deben filosofar genuina y adecuadamente" (La República, 473c). Esto era para él la “aristo-cracia”.

Ni que decir tiene que me gustaría rescatar el significado original del término, tratando de casarlo con el de democracia, sistema que por cierto menospreciaba el propio Platón porque para él ésta no suponía la elección de los mejores candidatos para gobernar, sino que en ella todas las personas están habilitadas en igualdad de condiciones para acceder al poder, considerando por igual a trabajadores, vagos, intelectuales, estudiantes, delincuentes y ciudadanos honorables, por lo que el resultado no garantizaba la elección de los mejores gobernantes o mayorías cualitativas, sino de las masas o mayorías cuantitativas.

Quizá pudo ser cierto entonces pero me gustaría creer que esta situación ha cambiado con los tiempos. Hace ya algún que otro siglo que la acción política – la ideología de uno u otro signo – se ha venido inspirando en filósofos-ideólogos que han ido marcando los paradigmas desde los cuales se han desarrollado distintas acciones políticas, así Hegel, Engels, Adam Smith, Keynes, Friedman y otros han ido sembrando el germen sobre el que políticos y activistas sociales han desarrollado lo que luego ha dado lugar a ideologías tales como el socialismo, el capitalismo, el liberalismo y que por un simple efecto de ubicación en los hemiciclos han derivado en las tan manidas derechas, izquierdas y centros.

Tengo la certeza, la convicción, de que un nuevo paradigma ha entrado en lid para desplazar de una vez por todas las viejas ideologías. Hace ya casi veinte años que distintos pensadores, escritores de renombre, algún que otro círculo de opinión y foros de debate han venido advirtiendo, quizá con tímido acento, de la herrumbre que recubre el taño de estas trasnochadas ideologías. El pluralismo cultural, las imbricaciones de la economía mundial, la internacionalización de los mercados, el declive del marxismo, la desarticulación del capitalismo como elemento distorsionador y generador de una economía de clases, la globalización en su sentido más amplio, y el auge que cualitativa y cuantitativamente han experimentado las mal llamadas clases medias, irrumpiendo en las distintas sociedades como engranaje de mayor peso específico entre los otros dos estratos sociales, cada vez más reducidos y minoritarios, todos estos factores evidencian que las políticas, los políticos y las ideas precisan de una renovación, de un nuevo paradigma que es necesario hacer llegar a la conciencia de una sociedad que todavía no se ha dado cuenta de ello.

Por eso he querido rescatar la idea del gobierno de “los mejores” que ha permanecido olvidada durante más de dos mil años, de los aristócratas de la política, de los aristócratas platónicos, de políticos que “filosofen genuina y adecuadamente” que cambien los paradigmas y que cambien la sociedad. Solo que la «falta de sentido de Estado de las dos principales formaciones, obsesionados con mantener el establishment para que no cambie nada» y la proliferación de los «mangantes de la política, como uno de los principales problemas de España» como ha resaltado Rosa Díez, está propiciando un clima de desencanto que se constituye en caldo de cultivo para la aparición de políticos populistas, políticos desaprensivos, advenedizos oportunistas mediáticos y lo que es peor aún, la aceptación por parte de algunos foros de opinión de que la absoluta falta de formación y de cultura no supone inconveniente alguno para que aquellos que, de una u otra forma pretendan regir los destinos de los ciudadanos y ciudadanas, accedan a las instituciones.

Este es sin duda el gran reto de UPyD, hacer saber a los ciudadanos que lo que mayoritariamente anhelan ya está en el ideario de un partido político nuevo, joven y transversal como es Unión, Progreso y Democracia, conseguir que todos los estratos sociales, incluido el intermedio que constituye el basamento más estable, denso y consistente del Estado, lleguen a identificar a UPyD como aquel partido político que responde a unas aspiraciones todavía no satisfechas por nadie, abriendo de una vez por todas sus esperanzas hacia la convicción de que otra forma de hacer política es posible, más que posible, es real.

Es imprescindible contar con Fernando Savater para ello.

lunes, 21 de junio de 2010

DISCIPLINA O DEMOCRACIA

La mitad de la vida que he gozado hasta hoy transcurrió bajo la dictadura, la otra mitad bajo la democracia. Por ello puedo hablar de ambas experiencias quizá con mayor conocimiento de causa que aquellos que tienen la suerte de ser suficientemente jóvenes para haber conocido solo el último período. Yo tuve la fortuna de ser educado en libertad y jamás necesité la severidad paterno-materna, bastó con al disciplina que muchos padres jóvenes confunden con rigidez – hartos estamos de conocer situaciones familiares en las que, faltos de disciplina, la rebeldía de sus vástagos les hace claudicar a su dictadura – pero rigidez y disciplina son dos conceptos totalmente distintos, aquella anula la libertad y ésta fomenta la responsabilidad del libre.
Tal confusión prima en demasiadas esferas de la sociedad actual y por ello, con el único empeño de garantizar, o patentizar, su “talante democrático”, creen que la disciplina esta reñida con la democracia y no es así... ¡no es así! Esta confusión navega no solo entre grupos sociales que podríamos definir como ciudadanos silenciosos (jamás me ha agradado la denominación mediática de “ciudadanos de a pie”) sino también, y lo que es mas lúgubre, entre los políticos y aún si me apuran entre los gobernantes.
Tan solo hace apenas un año que el Tribunal de Estrasburgo vino a decirnos que lo de Batasuna ya estaba tardando, que el Gobierno español ha tenido legítimo derecho a defender su democracia dejando entrever, para quien sepa entender, que nuestros gobernantes lo podrían haber hecho hace ya treinta años. También éstos, cual padres jovenzuelos, han tenido injustificados escrúpulos con la disciplina, para así poder mantener – a costa de muchas vidas que pudimos habernos ahorrado – el “talante democrático” y ahora, en pleno cumpleaños de tan excelente sentencia, me entero de que algún político vasco – Jesús Eguiguren, por ejemplo – siente tentaciones de legalizarla de nuevo.
Parece que a estas alturas aún no ha entendido lo que significa la palabra “democracia”. Esta no consiste tan solo en permanecer indefinidamente abiertos al diálogo como vía de solución de los conflictos – que sí – sino ante todo en que todos acaten lo que determinen las instituciones que entre todos nos dimos sobre aquello que es de su competencia. En eso consiste la disciplina, que viene después de la democracia y sirve además para garantizarla, en respetar y acatar las normas que entre todos nos hemos dado por esa misma vía democrática, y hablo por supuesto de la vigente Constitución española que nada impide modificarla, como ella misma contempla, si se dan las condiciones establecidas, pero sin romper la disciplina que el propio sistema democrático impone mediante la mayoría parlamentaria cualificada necesaria.
El diálogo es como mínimo cosa de dos, si son menos se transforma en monólogo, y tras treinta y algún años intentándolo, incluso por Gobiernos de diferente color, ya tenía el Sr. Eguiguren que haberlo comprendido.
No debemos permitir que sota la falacia de democracia se amague el afán de destruir la disciplina, porque entonces entraríamos en algo que Gustavo Bueno no dudaría en calificar de fundamentalismo democrático.

Sin disciplina no hay democracia y sin democracia no hay libertad.
No se puede decir más alto porque está por escrito, ni más claro porque por escrito... está.

El ejercicio democrático es el que realizan los partidos políticos en el Parlamento, en la sociedad, en la calle... pero es peligroso confundir democracia con ausencia de disciplina, es peligroso confundir a la opinión pública con la malhadada idea de que la disciplina implica falta de libertad, porque si al fin no hay disciplina – respeto a las normas emanadas de leyes y sentencias constitucionalmente legitimadas – no hay democracia, y sin democracia nunca ha habido ni habrá libertad.
Joel Heraklión Silesio

martes, 15 de junio de 2010

JUEGOS DE VIDA, JUEGOS DE MUERTE

2266. La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este motivo la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte.
(Catecismo de la Iglesia Católica.
Tercera Parte, Segunda Sección, Capítulo Segundo,
Artículo 5 EL QUINTO MANDAMIENTO.
I El respeto de la vida humana...)


I – La pena capital. El debate sobre la pena de muerte desapareció prácticamente de la escena política española tras nuestra transición democrática, empero en los últimos tiempos y de manera lamentable ha comenzado a reflotar en la opinión de no pocos círculos privados, quizá demasiados, aquellos que en otra ocasión denominé como ciudadanos silenciosos. Los atentados terroristas, los violadores reincidentes – recalcitrantes diría yo – y aún los asesinos encapsulados en el eufemismo de “violencia doméstica”, que tiene mucho de violencia y nada de doméstica, o el de “violencia de género”, han venido despertando en gran parte de esa ciudadanía silenciosa la nostalgia de la pena capital.

En las aulas de la Facultad de Derecho de Valencia, todavía en el histórico y vetusto edificio de la calle de la Nave, durante la musicalmente denominada década prodigiosa de los sesenta del pasado siglo, abrió brecha una importante corriente universitaria contra la entonces vigente pena de muerte entre cuyos seguidores me cabe la satisfacción de poder incluirme. El ilustre iusnaturalista D. José Corts Grau – para entonces Rector Magnífico de la Universidad Literaria valenciana – se prodigaba en esfuerzos para justificar aquella pena considerándola como la amputación del órgano enfermo que hace peligrar la vida del paciente u otros argumentos de similar inconsistencia, llegando incluso a aportar fundamentos teológicos o de derecho divino o de defensa de la sociedad contra sus agresores. Resulta curioso que la Iglesia Católica en su doctrina nunca se haya manifestado abolicionista... es verdaderamente curioso.

Pero el afán antifranquista, en ocasiones embadurnado de anticlericalismo, y el rechazo a toda reminiscencia de la dictadura, ha hecho evolucionar el derecho penal español a derroteros que ponen en peligro la salud mental de una gran porción de ciudadanía que – hasta anteayer – había asimilado con encomiable sosiego la abolición de la pena de muerte, de tal suerte que todos nos encontramos con algún vecino, amigo o incluso familiar que, ante situaciones desgarradoras como las de violadores reincidentes, delitos de terrorismo u otros de similar gravedad, nos dice (casi al oído por si acaso): “Esto se acabaría restaurando el garrote vil”.

Y es que estos irreflexivos – pero respetables ciudadanos – que quieren recuperar no tanto la pena de muerte cuanto la tranquilidad de todos, están evidenciando que hoy en España delinquir resulta barato. Por un lado la venialidad de las penas, por otro la inexistencia de una auténtica reinserción en infinidad de casos y la remisión de condena en casi todos, hace que gran parte de la sociedad se indigne por el trato que nuestro sistema judicial aplica a delincuentes que no solo son antisociales sino que, a mayor abundamiento, son peligrosos.

Resulta ineludible y aún imprescindible caminar hacía una auténtica – y todo lo revisable que se quiera – cadena perpetua en la que la única remisión posible esté exclusivamente condicionada a una acreditada reinserción, al estilo de la de D. Eleuterio Sánchez, que tras haber sido condenado a muerte y conmutada su pena a cadena perpetua todavía bajo la dictadura franquista, quedó definitivamente en libertad en 1981. Su nivel de reinserción fue tal que, detenido por última vez en 2006 por la Guardia Civil tras una denuncia de su esposa por malos tratos, los tribunales confirmaron definitivamente su absolución por violencia de género siendo declarada falsa por los jueces la denuncia interpuesta. ¿Acaso es éste un peor avatar que el que se hubiese derivado de la ejecución de la primera condena?

Solo trabajando en esta dirección será posible devolver a toda la sociedad una, hoy descarriada, confianza en la justicia y poder enarbolar de nuevo, con el orgullo de los universitarios de los sesenta, la bandera abolicionista. Ni la preservación del bien común de la sociedad, ni colocar al agresor en el estado de no poder causar perjuicio justifica en modo alguno, ni tan solo en los de “extrema gravedad”, la pena capital. Las sociedades modernas, actuales, son más fuertes que todo eso incluso en el supuesto de nula reinserción. El Estado cuenta con medios suficientes – ciertamente onerosos – para garantizar la protección responsable de la sociedad y el aislamiento del agresor (salvo que lo que realmente se pretenda sea economizar erario público). La lenidad punitiva instaurada en nuestro sistema legal no se sostiene bajo ningún emblema ideológico, ni histórico, ni de lucha antifascista, ni tan siquiera democrático. Cuando los ciudadanos silenciosos se ven desprotegidos y comienzan a considerar los derechos de los condenados como privilegios, se vuelven reaccionarios y, como tales, propenden a restablecer lo abolido.

Llevemos cuidado, ni la vida ni la muerte son un juego. El no a la pena capital debe seguir siendo un objetivo con vocación de universalidad, porque nosotros no somos dueños de la vida de los demás, porque nosotros ni siquiera somos dueños de nuestra propia vida, no disponemos de ella sino todo lo contrario, es la vida, es la esencia vital, “l'elán vitale” la que dispone de cada uno de los seres vivos organizando la biosfera y manteniéndola en homeostasis tal como James Lovelock conjeturó en su original “Teoría de Gaia” para asegurar su propia supervivencia... la de la esencia vital, no la nuestra.
Joel Heraklión Silesio